Fruto del trabajo colectivo de más de dos años, la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad fue firmada oficialmente el 13 de julio de 2010 por las máximas autoridades locales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como por representantes de la sociedad civil y organismos públicos autónomos.

Surgida desde el movimiento social, fue inicialmente presentada el Jefe de Gobierno local durante 2007; un año más tarde, se conformó un Grupo Promotor (integrado por representantes de organizaciones del Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, MUP-CND, la Dirección General de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno del Distrito Federal, la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina, HIC-AL, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC, y la Procuraduría Social del Distrito Federal, PROSOC), responsable de su elaboración a través de un amplio proceso de difusión, reflexión y propuestas recogidas de diversos actores y sectores de la sociedad capitalina.

Hasta el momento, más de 5,000 personas han participado en al menos una de las actividades (foros, seminarios, ferias, concursos) que forman parte de un esfuerzo por dar a conocer ampliamente la iniciativa y sobre todo convocar a la ciudadanía para debatirla y fortalecerla con la adhesión de organizaciones barriales, colectivos juveniles, sindicatos, profesionales y público en general.

Ciertamente inspirada en el debate internacional y los documentos locales ya desarrollados y en implementación, esta Carta tiene sin embargo características que la hacen única a nivel mundial, tanto en el proceso de su elaboración y promoción como en sus contenidos y propuestas. A su vez, esta Carta retoma pero revisa y amplía los principios establecidos en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, agregando preocupaciones y propuestas de diversos actores en torno a la producción y gestión social del hábitat, el manejo responsable de los bienes comunes y el derecho al disfrute equitativo del espacio público, en todas sus dimensiones y atribuciones.

En términos generales, propone una serie de medidas de política pública y compromisos a asumir por parte de los diversos actores (el Gobierno local, las Delegaciones, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los organismos públicos autónomos, las entidades educativas, los organismos de la sociedad civil, las organizaciones sociales, el sector privado y las personas en general). Es decir, detalla no sólo el qué queremos sino el cómo avanzar para concretarlo y las responsabilidades que los distintos sectores deben asumir.

Sus propuestas se orientan a poner en práctica 6 fundamentos estratégicos:

• El ejercicio pleno de la ciudadanía. Una ciudad en la que todas las personas (niñ@s, jóvenes, adult@s mayores, mujeres y hombres) disfrutan y realizan todos los derechos humanos y libertades fundamentales, mediante la construcción de condiciones de bienestar colectivo con dignidad, equidad y justicia social.
• La función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Una ciudad donde sus habitantes participan para que la distribución del territorio y las reglas para su uso garanticen el usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Una ciudad en la que se priorice el interés público definido colectivamente, garantizando un uso socialmente justo y ambientalmente equilibrado del territorio.
• La gestión democrática de la ciudad. Una ciudad donde sus habitantes participan de todos los espacios de decisión -hasta el más alto nivel- para la formulación e implementación de las políticas públicas, así como en la planeación, presupuesto público y el control de los procesos urbanos.
• La producción democrática de la ciudad y en la ciudad. Una ciudad donde se rescata y fortalece la capacidad productiva de sus habitantes, en especial de los sectores populares, fomentando y apoyando la producción social del hábitat y el desarrollo de las actividades económicas solidarias.
• El manejo sustentable y responsable de los bienes comunes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno. Una ciudad donde sus habitantes y autoridades garantizan una relación responsable con el medio ambiente de modo que posibilite una vida digna para individuos, comunidades o pueblos, en igualdad de condiciones y sin afectar áreas naturales, de reserva ecológica, otras ciudades ni a las futuras generaciones.
• El disfrute democrático y equitativo de la ciudad. Una ciudad que fortalece la convivencia social, el rescate, la ampliación y mejoramiento del espacio público y su utilización para el encuentro, el ocio, la creatividad y la manifestación crítica de las ideas y posiciones políticas.

Se trabaja actualmente en la revisión y propuestas para el marco jurídico y programático que hagan posible su plena implementación. A la vez, continúa abierto un intenso proceso de difusión, sensibilización, capacitación y debate con diversos actores en las unidades territoriales y delegaciones políticas de la ciudad.

¡Están tod@s invitad@s a participar!

Para acceder a materiales diversos (videos, fodos, documentos) de todo el proceso de elaboración, debate, difusión y firma de la Carta ver aquí Para conocer el texto completo de la Carta y suscribirla ver aquí Nuevo video sobre el Derecho a la Ciudad